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Así será la inminente reforma de la formación del Gobierno: sindicatos y CEOE ya no recibirán dinero

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El acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales para reformar el modelo de formación para el empleo parece imposible.

El Gobierno lo hará en solitario en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, a no ser que las partes den un improbable giro in extremis.

El Gobierno aprobará casi con toda seguridad en solitario en uno de los dos próximos consejos de Ministros el Real Decreto Ley que reformará el actual modelo de formación subvencionada para el empleo, que se gestiona a través de la Fundación Tripartita en la que están presentes hasta ahora a partes iguales sindicatos y patronales mayoritarios junto a la Administración.

En el nuevo sistema, los agentes sociales perderán la mayoría en el órgano de gobierno, no recibirán ningún fondo destinado a formación y dejarán de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las subvenciones. Éstas se adjudicarán por concurso en libre concurrencia directamente entre los centros de formación que imparten los cursos, sin intermediación de sindicatos y patronales.

Sin acuerdo

Después de casi un año de conversaciones lideradas por la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, y 10 reuniones tripartitas, las distancias entre agentes sociales y Ejecutivo parecen hoy insalvables. La número dos del departamento de Fátima Báñez presentó el pasado 12 de enero un documento final de propuesta de acuerdo a los sindicatos UGT y CCOO y a la CEOE, que fue rechazado. Esta semana ha terminado con las negociaciones prácticamente rotas tras un ultimátum de Hidalgo a sus interlocutores para llegar a un acuerdo.

Tanto los sindicatos, aunque UGT se ha mostrado un tanto más cercana al acuerdo, como la patronal y Comisiones Obreras han vuelto a rechazar el articulado de Real Decreto Ley que el jueves por la tarde la secretaria de Estado les ha dado a conocer. Aunque quedan unos días hasta tomar la decisión definitiva de llevarlo al Consejo de Ministros, el acuerdo parece imposible a estas horas y salvo que la próxima semana las posturas de unos y otros den un giro inesperado in extremis, el Ejecutivo está dispuesto a acometer la reforma en solitario. Así lo había manifestado públicamente el propio presidente Mariano Rajoy en varias ocasiones. Y así lo había afirmado el miércoles la ministra Báñez, quien adelantó que esta reforma se acometería en las próximas semanas.

Será la segunda vez que este modelo se reforme sin acuerdo. La primera fue en 2004, con Eduardo como ministro de Empleo.

Adiós al monopolio de los agentes sociales

Según ha podido saber Lainformacion.com de distintas fuentes conocedoras de las negociaciones, el nuevo modelo impulsado por el Ministerio de Empleo contempla que los sindicatos y CEOE pierden el control que hasta ahora mantenían en este controvertido sistema de subvenciones para formar a los profesionales. En primera instancia se aprobará un Real Decreto Ley con la intención de tramitarlo en el Parlamento por el procedimiento de urgencia. Tras su hipotética aprobación con la mayoría del Grupo Popular, el desarrollo normativo se completaría mediante un Real Decreto posterior y distintas Órdenes Ministeriales.

En el nuevo modelo diseñado por el departamento de Empleo los agentes sociales ya no recibirán ningún fondo para impartir formación. El 100% de las subvenciones se adjudicarán a través de concursos de libre concurrencia en los que competirán directamente los centros de formación previamente acreditados que imparten los cursos.

Además, los agentes sociales perderán la mayoría de la que gozaban en el gobierno del sistema. Sumando las fuerzas de sindicatos y patronales, como tradicionalmente han venido haciendo a diferencia de otros terrenos como las últimas reformas laborales, sindicatos y patronales contaban con dos tercios de los miembros del patronato de la Fundación Tripartita frente al tercio de la Administración.

Durante las negociaciones se había especulado con la posibilidad de que la Tripartita se convirtiese en una agencia pública, como la Agencia Tributaria, la Agencia Estatal de Meteorología o la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo.

Pero finalmente no será así. Seguirá siendo una fundación del sector público estatal, pero como establece la Ley de Fundaciones y como ha señalado el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización, la Administración pasará ahora a tener la mayoría en el patronato, el órgano de gobierno. Además, dependerá jerárquicamente de forma directa del Ministerio de Empleo y no del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como hasta ahora.

Batalla por el control del sistema

Patronal y sindicatos seguirán estando presentes, pero ya en minoría aunque unan sus votos. Perderán, por tanto, el control sobre el sistema de formación subvencionada para el empleo.

Algo que los agentes sociales siempre han rechazado porque consideran que al financiarse las subvenciones con las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, deben de ser sus representantes, CEOE y sindicatos, quienes las gestionen.

Por su parte, el actual Ejecutivo ha mantenido la necesidad de estos cambios en aras de la transparencia, eficiencia y libre concurrencia, tras el último informe del Tribunal de Cuentas que ponía en cuestión el funcionamiento del sistema y tras los escándalos de fraude conocidos en Andalucía y la Comunidad de Madrid.

No obstante, en el nuevo modelo sindicatos y patronales mayoritarios tendrán un papel de asesoramiento en la planificación, estrategia y detección de necesidades del sistema y no es descartable que por esta labor sí reciban algún tipo de subvención o compensación.

La CEOE pretendía que el nuevo modelo retornase a las empresas el 100% de sus cotizaciones sociales en concepto de Formación Profesional para organizar cursos internos, la denominada formación bonificada. Un objetivo que no ha sido incluido en la reforma.

También han defendido históricamente los agentes sociales que los fondos de formación deben ir destinado a empleados ocupados y no a desempleados, puesto que proceden de las cotizaciones sociales. Sin embargo, ya desde hace años se incluye en estas acciones formativas a parados, algo que seguirá presente en el nuevo sistema diseñado por Empleo.

Asimismo, los agentes sociales proponían seguir participando en la definición de las necesidades formativas de los trabajadores y en la asignación de los fondos a través de comisiones sectoriales en las que sólo estuvieran presentes patronales y sindicatos. Una cuestión que tampoco ha sido incluida en la reforma del Gobierno, que considera que los agentes sociales no deben participar en la asignación de las subvenciones.

El resto de los cambios del modelo
La convocatoria de subvenciones del pasado año 2014 fue publicada en agosto en el BOE con gran retraso por las grandes dificultades para alcanzar un acuerdo entre agentes sociales y Administración Central. De hecho, la secretaria de Estado forzó entonces a sindicatos y patronal a aceptar cambios en el modelo, ligándolos a la presentación de la convocatoria. Si no, no hubiera habido ayudas a la formación en 2014.

Aquella convocatoria finalmente incluyó modificaciones sustanciales, que permanecerán esencialmente en el futuro modelo que el Ejecutivo se dispone a legislar en solitario de forma inminente. Ya tras la última reforma laboral, en los años 2012 y 2013 calificados como de transición por el Gobierno, las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) habían visto reducida su cuota de poder en el sistema.

Ya no serán juez y parte en la adjudicación de las subvenciones, dejando de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las ayudas a las que ellos mismos optaban casi en exclusiva hasta 2012. Éste órgano estará formado por funcionarios públicos.

Otras novedades son la limitación del pago anticipado al 50% del importe de la subvención – hasta 2014 se adelantaba el 100%-; para recibir un segundo pago del 25% será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas. Y para percibir el 25% final los beneficiarios de las ayudas deberán acreditar la ejecución total de los planes formativos.

Se pretende evitar de esta manera una de las formas de fraude, que es la percepción de la subvención para impartir un curso que nunca llega a organizarse y en el que se inscribe a falsos alumnos.

También se había anunciado ya la creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude, con funciones de seguimiento y control, y también con capacidad efectiva de sanción. Además de un régimen sancionador que determinará la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que incumplan la ley vuelvan a trabajar para la Administración Pública en el mismo ámbito de la formación durante, al menos, cinco años. Y se creará un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades.

Se ha eliminado la posibilidad de financiar planes cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas. Y se dejan fuera de las ayudas a los programas de formación a distancia al considerarse que bajo esta metodología de cursos se escondían gran parte de los fraudes.

Se han introducido, además, limitaciones en la subcontratación a terceros de los cursos de formación, en busca de una mayor eficacia y calidad en los organizadores de los planes formativos y para poner fin a una red de intereses y pleitesías que se habían ido creando en el sistema durante años.

Hasta ahora, las entidades adjudicatarias de las subvenciones solían subcontratar a otras empresas de formación buena parte de la ejecución de los planes, generando una situación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios imprescindibles y creando una red de dependencias, favores e intereses que no ayudaban a la eficiencia y a la transparencia.

Para terminar con este tipo de situaciones se pone un límite del 50% del importe de las subvenciones a los cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación de manera directa, sin poder subcontratarlos. Y es que, en ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde 2013 se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante 12 meses de al menos 2 empleados.

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